Petrolera boliviana demanda a cooperativistas por sabotaje a ductoLa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abrió un proceso legal contra dirigentes cooperativistas mineros a los cuales responsabiliza por el sabotaje al oleoducto OSSA-2, uno de los más importantes del país.

Para ello designaron un investigador y dos fiscales de la ciudad de El Alto, quienes junto al presidente de la petrolera, Guillermo Achá, peritos, miembros del Cuerpo de Bomberos y medios de prensa evaluaron el jueves los daños a un tramo del ducto que pasa por Panduro, a unos 185 kilómetros al sur de La Paz. Cerca de 18 metros de tuberías quedaron dañadas tras las violentas protestas de la semana anterior, cuando integrantes del sector cooperativo minero incendiaron una veintena de llantas bajo el trazado y cuyos rastros permanecen todavía a su alrededor.

Las manifestaciones con el uso de dinamitas y artefactos explosivos buscaban obtener del gobierno del presidente Evo Morales mayores concesiones mineras, quedar exentas de pagos de impuestos y lograr la firma de contratos con empresas trasnacionales, entre otras demandas.

Además de lesiones de decenas de policías y la muerte de cuatro civiles, hordas de mineros privados torturaron y asesinaron en la zona de Panduro a Rodolfo Illanes, viceministro de Régimen Interior y Policía, mientras este buscaba concretar un diálogo.

Buscaban desestabilizar el país golpeando los pilares de la seguridad energética. Pretendían cortar el suministro de combustibles entre el oriente y el occidente y con ello, paralizar las refinerías y la entrega de gas natural, gasolina y diésel, analizó Achá en declaraciones a Prensa Latina.

Indicó que los alzados atentaron contra el OSSA-2, mediante la explosión de una dinamita en Pongo -a unos 280 kilómetros de La Paz-, y la quema de llantas en Panduro. Las reparaciones y sustitución de los tramos dañados significarán un gasto de 320 mil dólares.

Los atentados ocurrieron en un oleoducto importante de nuestro sistema de transportes, cuyas consecuencias hubieran paralizado el suministro de combustibles en el país, advirtió Achá.

Sostuvo que las tuberías del OSSA-2, paralelo al Gasoducto del Altiplano, podrían haber interrumpido el abastecimiento a las ciudades de Oruro y La Paz, además de paralizar el transporte de combustibles a Santa Cruz y Cochabamba, porque se interconecta con el OSSA-1.

También hubieran parado las operaciones la refinería Gualberto Villarroel y en menor proporción, la Guillermo Elder Bell, con la consiguiente caída de la producción nacional de gas licuado de petróleo, diésel y gasolina.

Por ello, calificó las acciones de una conspiración y atentado contra YPFB y el pueblo boliviano, lejos de una postura de reivindicaciones del sector cooperativo minero.

El presidente de la estatal petrolera explicó que las reparaciones en la tubería iniciarán mañana o el domingo durante unos cinco días, para lo cual se crearon las condiciones de infraestructura, a fin de garantizar el suministro de gas y combustibles a las ciudades por otras vías.