Consideran desmesurada actuación de Fiscalía española en Cataluña La asociación judicial Jueces para la Democracia consideró hoy desmesuradas las actuaciones de la Fiscalía General del Estado español para impedir la celebración el próximo domingo de un referendo independentista en Cataluña, suspendido por la justicia.

Entrevistado por el canal televisivo Antena 3, el portavoz de la citada organización, Ignacio González, opinó que el Ministerio Público 'está acudiendo a medidas totalmente desproporcionadas y está poniendo en riesgo derechos fundamentales'. El representante de una de las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces españoles se refirió a la férrea ofensiva judicial y policial que, a instancias del gobierno de Mariano Rajoy, fue desplegada para frenar la consulta secesionista, prohibida por el Tribunal Constitucional.

González aludió a declaraciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien la víspera no descartó la posibilidad de arrestar al presidente del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, por presunta malversación de fondos públicos para organizar el escrutinio.

En opinión del vocero de la asociación progresista, las palabras de Maza, que calificó de inoportunas, añaden más leña al fuego.

Además, criticó la orden del fiscal de citar a declarar a los más de 700 de los 948 alcaldes de Cataluña que mostraron su respaldo a la realización del referéndum de autodeterminación en esa comunidad autónoma, de 7,5 millones de habitantes.

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, en ese proceder la Fiscalía 'tiene un papel ciertamente agresivo', pues es cuestionable que estemos ante unos hechos de naturaleza delictiva, enfatizó.

Apeló a la clase dirigente para que busque una solución al conflicto territorial en Cataluña, visto por analistas como la peor crisis institucional en cuatro décadas de democracia española.

'Los políticos tienen la obligación de sentarse a hablar', expresó González, tras lamentar que el protagonismo hoy lo tengan jueces, fiscales y policías.

A cinco días de la controvertida votación, la administración de Rajoy incrementó todo su arsenal para desmantelar el aparato logístico de una consulta que considera ilegal, paralizada a petición suya por el Tribunal Constitucional de España.