El gigante petrolero estadounidense ExxonMobil promueve hoy una demanda contra dos empresas cubanas como resultado de la decisión del Gobierno de Donald Trump de permitir la aplicación del Título III de la controvertida Ley Helms-Burton.

Dos servicios de noticias legales, Law360 y Courthouse News, reportaron que la compañía interpuso ayer esa acción en una corte federal de Washington DC contra la Corporación Cimex SA, un grupo empresarial de capital estatal cubano; y la Unión Cuba-Petróleo (Cupet). La reclamación fue presentada el mismo día en que el ejecutivo del mandatario republicano activó el mencionado acápite legislativo, el cual permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes 'trafiquen' con 'propiedades norteamericanas' en Cuba.

Mediante tal mecanismo se da la posibilidad de promover una acción en las cortes norteamericanas contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

A través de la demanda, ExxonMobil indicó que tiene un reclamo certificado por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras para propiedades nacionalizadas en la isla, 'incluyendo refinerías de petróleo y estaciones de servicio que todavía están en uso hoy en día'.

En específico mencionó el uso por parte de Cupet de la refinería Ñico López y de 'ciertas terminales y plantas utilizadas en conjunto con las operaciones' de la instalación.

La movida del gigante petrolero se une a otras dos demandas presentadas este jueves contra la compañía de cruceros Carnival Cruise Lines, ubicada en el sureño estado de Florida, por parte de reclamantes que se identificaron como 'propietarios' del puerto de Santiago de Cuba y de ciertos inmuebles comerciales en el puerto de La Habana.

En una entrevista ofrecida a Prensa Latina, el director general de Estados Unidos en la cancillería del país caribeño, Carlos Fernández de Cossío, recordó que en el mismo año en que el Congreso estadounidense dio luz verde a la Helms-Burton (1996), el Parlamento cubano aprobó una ley que hace a la normativa norteamericana inaplicable en la isla.

Se trata de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas o Ley 80, la cual declaró a la Helms-Burton como ilícita y sin valor ni efecto jurídico, por lo que considera nula toda reclamación amparada en ella.

Asimismo, el funcionario cubano llamó la atención sobre el hecho de que esa legislación establece, además, que las personas naturales o jurídicas que quieran dañar a Cuba o perjudicar a terceros con reclamaciones en virtud de la Helms-Burton, quedarán fuera de cualquier negociación futura de compensación por las propiedades nacionalizadas.

La decisión del Gobierno de Trump de aplicar el Título III pese al rechazo de diversos sectores estadounidenses y muchas voces de la comunidad internacional, forma parte de la creciente agresividad de la actual administración hacia la mayor de las Antillas, bajo la influencia de figuras como el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton; y el senador republicano Marco Rubio.