La masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha pasado a ser un revulsivo político y social de México, una nación azotada por una violencia casi endémica. Desde que se produjo la desaparición de los estudiantes, los maestros están acampados en la plaza central de Chilpancingo, la capital del sudoccidental estado de Guerrero, desde donde promueven constantes acciones de protestas que han llegado hasta la capital del país.

Considerados como los más pobres del sistema educacional mexicano, los estudiantes normalistas son jóvenes que se preparan para dar instrucción en las comunidades rurales adonde los maestros urbanos ni piensan en ir. No es un secreto que llegar a ser normalista es la aspiración suprema de buena parte de la juventud de esos olvidados lugares, que solo tiene esa posibilidad de estudios.

Para el Partido Revolucionario Institucional, el gobernante PRI, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es un tema muy complicado en términos políticos. Casi toda la sociedad mexicana ha unido voces para denunciar el asesinato, más oneroso por la responsabilidad criminal de las autoridades municipales, según denuncias. El arresto de unas 50 personas, entre ellos el fugado alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, como responsables del crimen, ha abierto la posibilidad de que todo se aclare.

Sin embargo, hasta ahora, lo único cierto es que no aparecen vestigios de los asesinados, ni cesan las protestas encabezadas por los educadores, ni mejora la opinión popular sobre el gobierno, y México sigue conmocionado y revuelto.