Una de las medidas y regulaciones que sostienen el injusto bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba es la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias, aprobada en 1998 por el Congreso norteamericano y que entró en vigor al año siguiente.

Ese engendro legislativo establece que ningún tribunal estadounidense reconocerá derechos sobre marcas registradas y nombres comerciales que se usaron en propiedades confiscadas por el gobierno cubano. La primera víctima de esa patente de corso fue la afamada marca cubana de ron Havana Club. Por aquella fecha, una corte de Nueva York, con el apoyo de congresistas anticubanos, validó la usurpación por parte de la compañía Bacardí del derecho de uso de la marca Havana Club en Estados Unidos, mediante la comercialización fraudulenta de un ron producido fuera de Cuba.

La Organización Mundial del Comercio ha condenado la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias de Estados Unidos. En 2002, esa entidad llamó a Washington a ajustar dicha legislación pues viola obligaciones que se aplican a nivel global. Además de atentar contra la protección de la propiedad industrial, esa normativa es incompatible con los principios del sistema mundial de comercio.

El Departamento de Estado respondió entonces que mantendría esa guerra contra marcas o nombres comerciales de productos cubanos del primer nivel, pues se correspondía con la política norteamericana hacia Cuba. Sin embargo, Washington ha decidido abrir un nuevo capítulo en sus relaciones con La Habana. Derogar legislaciones que sustentan el bloqueo como la Sección 211, tarea que toca al Congreso, ayudaría a avanzar hacia la normalización de los nexos bilaterales.