Asiste Díaz-Canel a segunda jornada del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional

Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio inicio este jueves la segunda y última jornada del Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

En la sesión de hoy, los diputados —con la conducción de Esteban Lazo, presidente del Parlamento y del Consejo de Estado— continuarán el debate en torno a las propuestas de normativas que, según el cronograma legislativo, deben ser aprobadas; en tanto se darán a conocer los resultados de la alta fiscalización realizada al Ministerio de la Construcción.

Asimismo, tendrán la oportunidad de intercambiar criterios sobre los documentos aprobados en el 8vo. Congreso del Partido y se ratificarán los acuerdos y decretos-leyes adoptados por el Consejo de Estado en este último periodo.

Durante la jornada de ayer, los parlamentarios analizaron temas estratégicos para el progreso de la nación y cómo aprovechar las nuevas facilidades que se han abierto para el perfeccionamiento de los actores económicos y la empresa estatal socialista, teniendo en cuenta que la economía cubana ha perdido el 13 % de su PIB entre el 2020 y lo que va de 2021.

Otro de los temas examinados fueron los resultados de la implantación de la Tarea Ordenamiento y su impacto en el sistema empresarial, así como los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19.

Como en otras ocasiones, esta sesión se desarrolla de manera virtual, mediante la modalidad de videoconferencia, desde el Palacio de las Convenciones de La Habana, interconectada con otras salas en los distintos territorios.

Al referirse al primer punto en la agenda, Esteban Lazo comentó que los proyectos de leyes tienen una gran importancia por los temas que tratan, y las más de 60 intervenciones de los diputados en actividades previas a este debate han permitido enriquecer el cuerpo legal de los textos. Asimismo, hizo un llamado a que no quede tema o duda sin analizar.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) –quien presentó a los diputados los dictámenes de los cuatro proyectos de leyes, a saber, la ley de Proceso Penal, del Proceso Administrativo, de los Tribunales de Justicia y el Código de Proceso–, destacó que estas normas desarrollan aspectos esenciales establecidos en la Constitución de la República en el orden de los derechos y garantías que la misma establece, e implican por sí mismas una profunda reforma en el orden procesal y judicial en el país.

Añadió que resulta pertinente ratificar, una vez más, el amplio proceso de consulta y participación de todos los jueces, universidades y sector jurídico del país, además del debate con los diputados y las consideraciones que la población hizo llegar desde que, el 20 de mayo de este año, fueron publicados los referidos anteproyectos en los sitios web de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo Popular.

En total, apuntó, se recibieron 3 295 criterios sobre los distintos proyectos y más de 2 800 propuestas de modificación, de las cuales fueron aceptadas el 66 %.

De igual forma, del análisis y las intervenciones en jornadas previas a esta sesión parlamentaria, se llegaron a modificar diez de los preceptos contenidos en estos proyectos de leyes.

PROYECTO DE LEY DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
En relación al proyecto de Ley de los Tribunales de Justicia, puntualizó que de las 107 propuestas, se aceptaron 65, y que los importantes cambios que realiza el documento a la organización de los tribunales en el país están en coherencia con los principios que se establecen en la Carta Magna, así como de los 31 tratados internacionales relacionados al actuar de estas estructuras.

«Como parte de los aspectos más significativos incorporados en la norma, está la ratificación de que los tribunales de justicia tienen entre sus objetivos salvaguardar el orden económico, social y político establecido en la Carta Magna».

Asimismo, se reafirma el carácter independiente e imparcial de los jueces y tribunales; se actualizan los principios y garantías de la función judicial, entre ellos, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso; se refuerza la práctica de que la mayoría de los conflictos se resuelvan en primera instancia por los tribunales municipales y, además, posibilita la creación de órganos territoriales, cuya competencia se extiende a varios municipios colindantes, detalló.

De igual forma, la norma regula, de forma explícita y transparente, los procesos para la elección, nombramiento y tránsito de los jueces profesionales; en tanto, reafirma, como regla general, el principio de actuación colegiada de los tribunales y se definen, con mayor claridad, los casos para los que se prevé la intervención de un solo juez profesional, entre otros aspectos.

Con su promulgación –aseveró Remigio Ferro–, jueces y demás magistrados estaremos en mejores condiciones de cumplir con la honrosa misión de impartir justicia y asegurar la tramitación de soluciones de asuntos judiciales, con apego a la ley, sentido de lo justo, racionalidad, prontitud y respeto a las garantías.

Al presentar a los diputados los dictámenes de los cuatro proyectos de leyes, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, comentó que estas propuestas de normativas, desarrollan aspectos esenciales establecidos en la Constitución de la República en el orden de los derechos y garantías que la misma establece e implican por sí mismas una profunda reforma en el orden procesal y judicial en el país.

«Mediante estas normas y como desarrollo de los preceptos constitucionales se precisan y consolidan las garantías al ejercicio de los derechos de nuestros ciudadanos expresados hoy en leyes vigentes, alcanzándose un notable avance en el perfeccionamiento de la protección a los derechos humanos en nuestra sociedad como parte de la protección a los derechos humanos de nuestro pueblo», acotó.

Refirió que como parte de esa protección a los derechos y seguridad jurídica de nuestro pueblo, y formando parte de un considerable número de normas legales que se aprobarán en este sentido, están estos cuatro proyectos de leyes sujetos a nuestra decisión.

Añadió que resulta pertinente ratificar, una vez más, el amplio proceso de consulta y participación de todos los jueces y los juristas del país que se han venido efectuando, además de situarse desde el 20 de mayo del año en curso, en los sitios web de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo Popular.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, dijo, instruyó una consulta en todas las instancias del país a jueces, fiscales, abogados, litigantes, instructores policiales, asesores jurídicos y profesores de la Facultad de Derecho de las universidades lo que, unido a las propuestas de los diputados en las sesiones de trabajo que han antecedido a esta sección y todas las opiniones recibidas, permitió un perfeccionamiento de los proyectos legislativos que hoy representan a nuestra decisión.

En relación específica al proyecto Ley de Tribunales de Justicia, aludió que la parcela más fuerte del poder del Estado lo es el derecho sancionador de que está dotado, y el mismo lo ejerce delegando esta función en los tribunales de justicia a los que encarga, además, resolver los diferentes litigios en los asuntos que son sometidos a sus juicios.

La nueva ley que se nos propone va a identificar las nociones en que se sustenta la función judicial, siendo de destacar, el principio de imparcialidad y el de obediencia a la ley de los jueces, permitiendo su actuación libre de restricciones, influencia, presión o intromisión alguna, precisó.

Es de significarse, además, que el reconocimiento por esta normativa a los métodos alternos de solución de conflictos y la utilización de fórmulas conciliatorias en su gestión, permitirá una aplicación más racional y expedita de la justicia de conformidad con los intereses de las partes, comentó.

«No obstante, en atención a recomendaciones realizadas por la Asamblea en la anterior legislatura, consideramos oportuno destacar la institución del magistrado o juez emérito, que se establece para aquellos que acumulen una trayectoria relevante al servicio de la judicatura y puedan continuar aportando conocimientos y experiencias».

Como se ha expuesto, la nueva estructura que se propone facilitará un adecuado acceso de las personas a los tribunales de justicia, un uso más racional de sus recursos humanos y materiales, así como una mayor calidad y celeridad en la tramitación de los casos.

Sobre esta norma, la diputada Dalia Expósito, de Guantánamo, destacó que se ha arribado a este momento, luego del pensamiento y construcción colectiva de un grupo de compañeros que se merecen el reconocimiento de todos, ya que se logró desde el punto de vista técnico-normativo un marco legal superior a la ley vigente. Se trata de un proyecto contextualizado, que incorpora temas como la política de calidad de los procesos de tribunales, y reafirma los principios de igualdad ante la ley, y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, afirmó.

PROYECTO DE LEY DEL PROCESO PENAL

Esta norma, que se somete a consideración de la Asamblea, recibió cerca de 1 802 criterios y propuestas de modificación, de las que fueron admitidas el 64 %, informó el presidente del TSP.

Desde el punto de vista de los fundamentos teóricos, en esta ley se introducen y sistematizan principios y garantías del debido proceso refrendados en la Constitución, además de tomar en cuenta las normas avanzadas sobre el tema, que se aplican internacionalmente.

«Algunos de los aspectos novedosos incorporados, es que se fortalecen las garantías para el ejercicio del derecho a la defensa de las personas acusadas de cometer presuntos hechos delictivos, como son conocer las imputaciones en su contra, designar abogado desde el inicio del proceso, proponer pruebas y examinar el expediente, entre otros».

Se precisa, además, que el proceso penal inicia a partir de que la autoridad actuante le comunica al presunto responsable los cargos de los que se le acusa, lo que debe realizarse si la persona se encuentra detenida dentro de las 24 horas –a partir de su detención–, y de estar en libertad, dentro de los cinco días posteriores al recibir la denuncia, indicó Remigio Ferro.

Asimismo, remarcó, se regula con mayor precisión, el carácter excepcional del empleo de la medida cautelar de prisión provisional y se incorpora el control judicial por los tribunales sobre la permanencia de su institución.

Entre las modificaciones, aludió, se refuerza el principio de presunción de inocencia, se le otorga un papel protagónico a la víctima, al reconocerla como parte en el proceso penal, y se establece la posibilidad de que el acusado exprese su conformidad con la acusación y sanción, en cuyo caso, el Tribunal dicta sentencia sin necesidad de realizar juicio, entre otros elementos.

De aprobarse la norma, se introducirían importantes modificaciones e innovaciones, haciendo al proceso penal más garantista, transparente y justo, distinguió.

Toledo Santander, al referirse al Dictamen elaborado por la Comisión, señaló que el proyecto en discusión ratifica tres principios cardinales: ofrecer las garantías necesarias tanto a los inculpados, como a la sociedad, de modo que las sentencias resulten justas, eficaces y educativas; concentrar las actuaciones y el juicio oral para el logro de una justicia pronta, sin merma de ninguna garantía; y simplificar los trámites de los recursos, de modo que su resolución no fuera obstaculizada por requisitos formales.

En coincidencia con el artículo 95 de la Constitución, la propuesta de normativa que nos presenta va a desarrollar en su articulado la legalidad de la privación de libertad, partiendo de que la libertad de las personas es un derecho consagrado en la Carta Magna y determina las razones por las cuales este derecho puede ser objeto de limitación, añadió.

Por otra parte, «se propone que la persona pueda disponer de un abogado desde los inicios del proceso y que todo imputado tiene derecho a la defensa y a designar quién le defienda una vez instruido de cargos».

Al ratificarse, dijo, la responsabilidad penal a partir de los 16 años, se establece también un régimen especial de justicia a las personas comprendidas entre 16 y 18 años; en tanto, la presunción de la inocencia es una garantía que se propone establecer desde que comienza el proceso penal y hasta tanto no exista una sentencia condenatoria firme.

En aras de una aplicación más justa, equitativa y racional de la ley penal y, en correspondencia con recomendaciones dadas por esta Asamblea, el proyecto establece el principio de oportunidad, lo cual permitirá una aplicación más racional de nuestra justicia, puntualizó.

 

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